El Partido Popular solicita instar al Gobierno de España a dar solución inmediata a los letrados de la Administración de Justicia, para "atender sus reivindicaciones de mejoras retributivas y laborales", puesto que "piden un incremento en sus salarios acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales", ha explicado la concejal del PP, Rosa Soler.
A su vez, "pedimos que se restablezca cuanto antes el funcionamiento de los Juzgados, atendiendo a los perjuicios económicos, sociales y al interés general de la población", ha apuntado Soler.
Los letrados de la Administración de Justicia de todo el país están convocados, desde el pasado mes de febrero, a una huelga indefinida para reclamar al Gobierno mejoras tanto retributivas como laborales.
Soler ha detallado que "a esta huelga están llamados alrededor de 4.300 profesionales en todo el país y este `parón´ puede generar muchos problemas en juzgados y tribunales", porque "tendrá un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia".
La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ reclaman el cese del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, "por decir en rueda de prensa que la huelga es `política´, `sin finalidad profesional alguna´ y `contra el pueblo´", algo que "es completamente falso porque el Gobierno de Sánchez, desde diciembre de 2021, no ha desarrollado debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales", ha remarcado la concejal.
Según ha incidido Soler, "estas asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se asimilen al régimen retributivo del resto de funcionarios de la misma categoría".
Asimismo, "han advertido a Sánchez de la gravedad y de la extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país que puede generar la huelga indefinida".
Además, en tan solo cuatro semanas "la huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha obligado a suspender más de 150.000 juicios y vistas en toda España, se han paralizado 120.000 demandas y se han bloqueado 560 millones de euros de las cuentas de consignaciones judiciales necesarias para pagar multas, indemnizaciones, embargos o manutenciones", por lo que "se ha generado una absoluta indefensión a los ciudadanos, causando en algunos casos daños irreparables y contraviniendo sus legítimos derechos".