El Ayuntamiento de Águilas ha anunciado que emprenderá acciones judiciales y administrativas contra Adif, por deslealtad institucional y por posibles irregularidades en la venta de las parcelas, y contra la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el desamparo institucional al que está sometiendo a este Ayuntamiento. Este ha sido el anuncio realizado por la edil de Cultura del Ayuntamiento de Águilas, Maido Simó, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Ayuntamiento en la que ha estado acompañada de Rosario Martínez, jurídica del Ayuntamiento; Javier Rollán, arquitecto municipal; Juan de Dios Hernández, arqueólogo municipal; y Jorge Jassen, ingeniero municipal.

La comparecencia ante los medios ha dado comienzo con la intervención de la responsable jurídica del Ayuntamiento, quien ha relatado, expediente en mano, todo el proceso relativo a la venta por parte de Adif del entorno del embarcadero del Hornillo.

2019: En el expediente del Embarcadero ya se refleja el interés que el Ayuntamiento había mostrado a Adif por hacerse con la propiedad de las dos fincas anexas al Embarcadero.

2 de agosto de 2022: Se redacta un nuevo expediente administrativo para la adquisición de estos terrenos.

2 de diciembre de 2022: El Ayuntamiento es conocedor de la supuesta venta de las dos parcelas por parte de Adif. Dicha venta se lleva a cabo sin ser publicada en la plataforma de Contratación del Estado.

9 de diciembre de 2022: El Ayuntamiento emite un oficio a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia a fin de conocer si dicho organismo era conocedor de esta subasta ya que, atendiendo al Decreto 316/2009 y 4/2007, cuando existe la intención de venta por parte del propietario de un Bien de Interés Cultural (BIC) se debe informar a la Dirección General para que esta pueda ejercer su derecho de tanteo.

23 de diciembre de 2022: Adif responde al Ayuntamiento que las parcelas vendidas no forman parte del BIC; punto que no es compartido por el Ayuntamiento que entiende que se debe considerar como BIC no sólo el embarcadero sino también su entorno y accesos.

4 de enero de 2023: El Ayuntamiento envía un oficio al Registro de la Propiedad informando sobre la situación.

12 de enero de 2023: Ante la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, la edil del área junto a los técnicos relacionados con el asunto y la jurídica del Ayuntamiento se trasladan a dicha Dirección General. El director general, comparte la postura de ADIF al señalar que dichas parcelas no son Bien de Interés Cultural y, por tanto, pueden ser vendidas a un particular. Señalan, además, desde la Dirección General, que la protección de dichos terrenos anexos al Embarcadero responde a una "cuestión interpretativa" por lo que desde el Ayuntamiento solicitan que dicha interpretación sea a favor de la protección del BIC y su entorno.

23 de febrero de 2023: La propiedad de las parcelas es escriturada a los nuevos propietarios al tiempo que Adif revoca la necesaria autorización para poder hacer el indispensable uso de esos terrenos para acceder al Embarcadero y continuar llevando a cabo los trabajos de rehabilitación.

27 de febrero de 2023: El Ayuntamiento vuelve a remitir a la Dirección General un oficio para que, o bien ejercite su derecho de retracto sobre esta venta o bien renuncie a hacerlo para que sea el Ayuntamiento, como órgano subsidiario, el que pueda ejercitarlo.

3 de marzo de 2023: La Dirección General, a la que se había solicitado una respuesta, en diciembre de 2022, sobre si había sido informada por parte de ADIF de su intención de subastar estos terrenos, responde el 3 de marzo de 2023, cuatro meses después, diciendo que no costa información formal por parte de Adif.

Tras esta detallada exposición cronológica, la edil de Cultura calificaba de "inapropiado que se hable de dejadez en este asunto cuando la cronología es clara y se remonta al año 2019. Estamos luchando con las herramientas que tenemos, que son las que marca la ley, y frente a eso solo encontramos deslealtad institucional tanto por parte de ADIF como de la Dirección General de Patrimonio Cultural. El patrimonio es de todos y debe de ser público; las administraciones deben garantizar la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural, pero para eso debe existir una sensibilidad patrimonial que parece no tener, a nivel autonómico, quien debe de tenerla que no es otro que la Dirección General".