A raíz de la denuncia, el Ayto de Águilas dictó la paralización inmediata y rechazó el recurso del promotor. Ahora, la Fiscalía aprecia indicios de delito y remite una denuncia a los juzgados de Águilas. Ni Dirección General del Medio Natural, ni la Dirección General de Medio Ambiente han remitido respuesta alguna.

Mediante escrito de 20 de septiembre de 2022, el Fiscal Superior de la Región de Murcia ha informado a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) de la remisión de una denuncia del Ministerio Fiscal a los Juzgados de Lorca al apreciar indicios de un delito contra la flora protegida, según artículo 332 del Código Penal, en las roturaciones del Plan Parcial Bahía Bella.

Los hechos denunciados se remontan al mes de abril de 2002 cuando la Asociación remitió sendos escritos a las Administraciones competentes (Fiscalía de la Región de Murcia, Dirección General del Medio Natural y Ayuntamiento de Águilas) informando de la realización de unas roturaciones y movimientos de tierras en el ámbito del Plan Parcial Bella Águilas (UZs_res_14) (Águilas) que han afectado a una superficie aproximada de 4 hectáreas y que han afectado a importantes valores ambientales, tales como el cornical (Periploca angustifolia), el Senecio flavus, la tortuga mora (Testudo graeca), el alzacola rojizo (Cercothricas galactotes) y el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus).

La citada roturación incumplió el condicionante ambiental que requería que “Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiaran los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se estableceran normas de conservación y/o restauración de estos elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre espacios de protección específica o las áreas de mayor valor natural”. Precisamente, la roturación se realizó unos meses antes de la publicación del PGMO de Águilas (15/06/2022) en un intento de escamotear los condicionantes ambientales.

Tras las denuncias, ANSE obtuvo una primera respuesta del Ayuntamiento de Águilas que decretó el 27 de abril de 2022 el inicio de un expediente sancionador y el restablecimiento de la legalidad urbanística contra BELLA AGUILA, S.A. por movimientos de tierras que no se ajustaban al proyecto de urbanización, ordenando la suspensión inmediata y advirtiendo de las consecuencias del incumplimiento de la orden. Posteriormente, la mercantil presentó recurso de reposición contra el citado Decreto que fue desestimado por el Ayuntamiento de Águilas en junio de 2022. Ahora, la Fiscalía ha anunciado la remisión de una denuncia a los Juzgados de Lorca al apreciar indicios de delito contra la flora protegida, lo que corrobora la gravedad de los hechos denunciados. Desgraciadamente, ni la Dirección General del Medio Natural, autoridad competente en la protección de especies, ni la Dirección General de Medio Ambiente, competente en Evaluación de Impacto Ambiental, han remitido respu0esta alguna a las denuncias de ANSE.

La Asociación considera que la intervención de la Fiscalía envía un mensaje claro a promotores que pretendan incumplir los condicionantes ambientales de los desarrollos urbanísticos poniendo en riesgo la biodiversidad  y el paisaje de la Región. Además, se pide a la Comunidad Autónoma que ponga en marcha  el mecanismo legalmente previsto desde 2013 para el control del cumplimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental de Planes  Generales y Parciales. ANSE denuncia que la  Dirección General de Medio  Ambiente hace la  vista gorda, pues los Ayuntamientos no vigilan dichas condiciones ni exigen a los promotores de suelo los informes de seguimiento ambiental, ni los publican en su páginas web, ni tampoco suelen actuar de oficio.