El Partido Socialista e Izquierda Unida no pudieron evitar que el pleno ordinario del mes de julio dejara al descubierto las artimañas políticas de la alcaldesa de Águilas y su equipo de Gobierno, una línea de actuación cimentada en los incumplimientos electorales de estas dos formaciones.

Una vez consumada la mentira de que Mari Carmen Moreno bajaría un 10% el sueldo de sus concejales, llegando incluso a aumentárselo un 17% a alguno de ellos, ahora le ha tocado el turno a la anunciada reducción de los costes de personal de confianza. Los promulgados 76.500 euros anuales de ahorro en esta área acaban de verse mermados en 30.504 euros, tras la contratación "a dedo" de más personal al servicio de la alcaldesa, un hecho que mucho nos tememos va a seguir repitiéndose en esta legislatura.

Aunque estos atropellos a las promesas electorales de los socialistas son muy graves, lo más triste del pasado pleno fue ver como la señora Moreno y sus compañeros de viaje eliminaron la partida de 242.000 euros habilitada por el anterior Gobierno del Partido Popular para la obras vinculadas al puente de la Rambla de Las Culebras.

Esta infraestructura proyectada por el PP y altamente demandada por los ciudadanos de Águilas, que contaba con la consignación presupuestaria suficiente para llevarla a cabo, fue suprimida por la alcaldesa y su grupo de coalición sin que les temblara el pulso, dejando nuevamente sobre la mesa la problemática que se crea con las lluvias torrenciales que desbordan la citada rambla, con el consiguiente peligro que esto supone para los viandantes. Asimismo, anula también tanto el muro de contención de la misma como la construcción de la carretera paralela que serviría para conectar el parking de Renfe con la calle Cartagena, lo que descongestionaría el tráfico rodado del Paseo de Parra.

Para el Grupo Popular estas obras son irrenunciables, máxime cuando el anterior alcalde de Águilas había conseguido que el Gobierno Regional destinara 250.000 euros a esta actuación, ya que sin el encauzamiento de la rambla es imposible llevar a cabo este proyecto.

La portavoz popular y diputada regional, Isabel María Soler, ha señalado que, "esta es una de las peores noticias que podían darnos a los aguileños que tanto hemos luchado por hacer realidad esta iniciativa. Vemos como todo el trabajo y el esfuerzo hecho por el anterior equipo de Gobierno cae en saco roto y lo que es peor, queda sin resolver el problema endémico que existe en el municipio cada vez que llueve y sale la rambla, quedando aislada una parte importante de nuestra localidad".

Por otro lado, el Grupo Popular votó en contra de un intento de engaño a los ciudadanos de Águilas, con quienes la señora Mari Carmen Moreno y su grupo político se habían comprometido a que tuvieran participación en los plenos. Finalmente y sin nuestro apoyo, en la sesión plenaria se aprobó una modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, hecha de prisa y corriendo, en la que, entre otras cuestiones, la participación ciudadana no es más que un titular, ya que cuando se lee la letra pequeña se puede comprobar cómo no es tan sencilla, ya que está sometida a una y mil condiciones. "Desde el Partido Popular apoyamos la participación ciudadana en los plenos, pero que sea de verdad", ha subrayado Isabel María Soler.

Por último, los concejales populares se sumaron a una moción de Águilas Puede en la que se pretendía la creación de una oficina de asistencia legal para personas en riesgo de desahucio, una propuesta que fue tumbada por PSOE e IU, desenmascarando a la edil Isabel María Torrente que fue capaz de renunciar a sus ideales políticos a cambio de su sillón en el equipo de Gobierno.

Aunque los grupos de izquierdas en el Gobierno local pusieron como excusa que ya existía una mesa para la atención de personas en riesgo de desahucio, la iniciativa consistía en otra cosa, puesto que la mesa actual está compuesta por políticos pero no se puede dar asistencia legal. Desde el Partido Popular invitamos a la señora Moreno a retomar el convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca, que el anterior equipo de Gobierno inició, con la finalidad de dar asistencia letrada a personas en riesgo de desahucio.