El Grupo Municipal Popular elevará al Pleno Ordinario del mes de septiembre, que se celebrará el próximo martes, día 28, a las 20'00 horas, en el consistorio aguileño, una moción para Instar al Gobierno de la Nación a que elimine el recorte presupuestario al Plan Vivienda.

La moción, que se debatirá en Pleno, por todos los grupos políticos con representación municipal, reza lo siguiente:

Las graves La política económica del Gobierno del Partido Socialista ha quebrado la larga senda de crecimiento económico generador de empleo que vivió la economía española desde la llegada al Gobierno del Partido Popular y ha tenido como consecuencia la más grave e intensa destrucción de empleo de la historia reciente de la economía española.

El fracaso del Gobierno para controlar el gasto público y reducir el déficit ha obligado a tomar ahora medidas radicales de recorte del gasto que se podrían haber evitado si el Gobierno hubiera controlado a tiempo la situación.

Todos estos factores, unidos a la incertidumbre económica y laboral, han tenido un impacto directo en el mercado de la vivienda, que es uno de los que más gravemente está sufriendo la crisis económica. Si bien las cifras del segundo trimestre de 2010, reflejan un incremento de las transacciones como consecuencia de la subida de IVA a partir de julio, desde el primer trimestre de 2007, el número de transacciones ha descendido un 35%.

Durante los últimos tres años el sector de la construcción en la Región de Murcia ha sido el más golpeado por la crisis. Se ha perdido casi el 50% del empleo creado en los últimos quince años; se han destruido uno de cada dos puestos de trabajo.

El nivel de destrucción de empresas ha sido también muy significativo. Se han cerrado cerca del 20% del total de empresas existentes.

Y en términos de actividad productiva en el sector residencial, es decir, en la construcción de viviendas, el nivel de contracción de actividad se acerca al 80%. Este porcentaje se traduce en que donde antes se construían 100 viviendas ahora se construyen 20.

Las medidas anunciadas por el gobierno de la nación provocarán un agravamiento de la situación y directamente un efecto pernicioso sobre el empleo, ya que por cada vivienda que se construye se generan 2,5 puestos de trabajo, además del efecto multiplicador en generación de empleo que provoca en actividades y servicios accesorios.

Las previsiones son que 2.000 viviendas protegidas no verán la luz en los dos próximos años. Si por cada vivienda que se construye se generan 2,5 puestos de trabajo, las medidas de recorte ocasionarán la pérdida de 5.000 empleos para los próximos años. Albañiles, pintores, carpinteros, estructuritas, suministradores de producto, fontaneros, electricistas, etcétera, engrosarán las listas del paro.

Pero además de los puestos de trabajo directos, la medida ocasionará graves perjuicios y pérdidas de empleo en empresas, autónomos, actividades y servicios accesorios a la vivienda como son el resto de agentes de la edificación: arquitectos, aparejadores, ingenieros de telecomunicaciones, industriales, etc.

En el contexto actual, caracterizado por un elevado endeudamiento de las familias, falta de crédito, altísimas tasas de paro y expectativas negativas sobre la recuperación económica, es evidente que muchas familias se han visto obligadas a posponer su decisión de adquisición de una vivienda. En estas condiciones, reclamar a los ciudadanos, ahogados económicamente, que devuelvan a la agencia tributaria desgravaciones a las que se acogieron en periodo de bonanza económica, dañaría aún más su precaria situación financiera además de penalizar a aquellos que han estado ahorrando. En particular, dicha situación afecta a los jóvenes y a las familias más desfavorecidas

Sin embargo, el Gobierno ajeno a esta situación, ha decidido ha desmantelado prácticamente el Plan de Vivienda, dejando en suspense el desarrollo de la VPO y las ayudas directas a la compra de los ciudadanos más desfavorecidos como parte de la política general de recortes sociales que está llevando a cabo el Gobierno.

Las ayudas para la adquisición de una vivienda protegida constituyen un apoyo financiero básico e imprescindible para el primer acceso a una vivienda. El anunciado recorte mermará significativamente las posibilidades de acceso a la vivienda a gran parte de la población de nuestro país. El principal recorte es el que deja sin ayudas a aquellas familias que quieren acceder por primera vez a una vivienda. Se trata de una medida totalmente antisocial e insolidaria. Afecta en mayor medida a los que menos tienen. Más de 2.000 familias murcianas se verán afectadas por esta medida.

La alternativa propuesta por el Ministerio de elevar el porcentaje de financiación al 90% (hasta ahora 80%) del precio de la vivienda ya ha sido descartada por las propias entidades de crédito ante las recomendaciones del Banco de España. El propio gobierno de la nación no se ha atrevido a obligarles a que financien el 90% del precio de la vivienda y el borrador de decreto dice que las entidades de crédito podrán financiar hasta el 90% del precio de la vivienda.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular elevará al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo:

1.- Instar al Gobierno de la Nación a que suspenda el recorte presupuestario anunciado por la Ministra de Vivienda el pasado 27 de Julio, y que afecta directamente a programas fundamentales del vigente Plan de Vivienda y a la financiación de las Comunidades Autónomas.

2.- Instar al Gobierno a que modifique el Real Decreto 1472/2007, de 2 de Noviembre, por el que se regula la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes, con el fin de evitar que miles de miles de ellos deban devolver la ayuda por exceder el límite de ingresos, al computárseles como ingreso cantidades absolutamente excepcionales y que, en ningún caso corresponden a ingresos regulares, como son las cantidades recibidas por horas extras, gratificaciones no habituales o indemnizaciones por despido.

3.- Solicitar que se amplíe el plazo de la moratoria en la materialización de las cuentas ahorro vivienda en un año más para la compra de vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2011 y modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, de tal manera que los sujetos que se beneficien de la deducción por cuenta ahorro vivienda puedan transferir los importes a una cuenta ahorro empresa, o cambiar la condición jurídica de la cuenta, con el fin de seguir beneficiándose de la deducción y con el objetivo último de emprender un negocio o de utilizar esos recursos para mejorar la formación.

4.- Dar traslado de estos acuerdos a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados, al Delegado de Gobierno de la Región de Murcia, a la Consejería de Obras Publicas, al Ministerio de Vivienda y al Presidente del Gobierno de España.