El tribunal rechaza los argumentos esgrimidos por las empresas inmobiliarias “Grupo Inversor Hispania, S.A.”, “Inverlur Águilas I y II, S.L.U” acerca de la ausencia de valores ambientales en la zona, que justifican en un informe de la Fundación Global Nature. El TSJ considera, precisamente, que “ …ante la eventual afección a dichos valores, y por consiguiente al interés general implícito en los mismos, no puede prevalecer el interés particular de las mercantiles codemandadas en que se ejecute la modificación del Plan General recurrida”.

Las organizaciones llaman la atención sobre la trascendencia de la decisión adoptada a instancias de su abogado, por cuanto que la reiteración de la resolución del TSJ impedirá que los responsables autonómicos implicados y los promotores del proyecto (que pretendían la construcción de 4.700 viviendas, hotel y campo de golf en el espacio protegido LIC y ZEPA Sierra de La Almenara), puedan destruir los bienes ambientales presentes en la zona hasta que se produzca la resolución definitiva del caso, que esperan sea favorable a los argumentos en contra de la urbanización dentro del espacio protegido.

ANSE y Ecologistas en Acción lamentan que el Gobierno Regional haya estado a la altura que los murcianos se merecen en este asunto. Baste recordar que ningún cargo público implicado presentó su dimisión pese a la gravedad de los hechos acaecidos y a las imputaciones penales investigadas por la justicia. Es más, la gran mayoría de las personas implicadas siguen ocupando puestos de responsabilidad con cargo a los Presupuestos Públicos.

La suspensión de la recalificación urbanística es, a juicio de los abogados de ANSE y Ecologistas en Acción, una decisión muy importante pues supone un cambio de doctrina por parte del TSJ de Murcia que hasta la fecha había venido denegando la suspensión de las modificaciones de planeamiento urbanístico por entender que las mismas no suponían una alteración de la realidad fáctica, obligando con ello a impugnar otras decisiones como los instrumentos de desarrollo urbanístico y la licencias de obras, lo cual suponía que muchos proyectos dañinos ambientalmente e impulsados por la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos acabasen sin control judicial.

Las asociaciones de defensa de la naturaleza Ecologistas en Acción y ANSE pretenden que en el caso Zerrichera, además de anularse todas las actuaciones administrativas que permitieron la recalificación urbanística, se determinen los verdaderos responsables penales y se aplique una sanción ejemplar y pública que impida la tolerancia administrativa y nuevos intentos de sortear las leyes ambientales para beneficiar desarrollos residenciales a costa de los espacios protegidos, razón por la cual presentaron también denuncia ante la Fiscalía que acabó con la apertura de un proceso penal.

Las Asociaciones recuerdan que el Consejero Benito Mercader no puso en marcha el procedimiento de revisión de actos nulos o anulables para cumplir con su compromiso público de revisar el proyecto de La Zerrichera aprobado por la misma Consejería anteriormente, y paralizó de manera irresponsable la aprobación del Plan de Gestión de la ZEPA, incumpliendo los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

El entonces presidente de ANSE, Pedro García, mantuvo en febrero de 2006 una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, en la que le informó de las irregularidades cometidas en la tramitación de la recalificación de suelos, sin que Valcárcel haya dado la más mínima respuesta a las miles de firmas entregadas hasta el momento contra la urbanización.

Para las Asociaciones, ha quedado demostrado que la urbanización de la Red Natura 2000 prevista en la Zerrichera es un atentado contra el patrimonio natural comunitario.