El portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Martínez Parra, elevará al pleno ordinario del mes de marzo, para su estudio, debate y aprobación, una propuesta sobre la nueva regulación en materia de la Administración local que propone el Gobierno de España.
La propuesta, que se debatirá en Pleno por todos los grupos políticos con representación municipal, reza lo siguiente:
Desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, han transcurrido casi 30 años, si bien han existido una veintena de modificaciones de su texto original. Es necesario señalar que ha llegado el momento de adaptar el marco del complejo estatuto jurídico de la Administración local española.
La reforma del artículo 135 de la Constitución, en su redacción dada en 2011, recoge el principio de estabilidad presupuestaria, como aquel que debe presidir todas las Administraciones Públicas. Consecuencia de este precepto constitucional, se desarrolló y aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esta reforma persigue como principales objetivos, recoger la normativa básica reguladora de la Administración local: hacer efectivo el principio "una Administración, una competencia" evitando duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras Administraciones; racionalizar la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia; adaptar a esta normativa el compromiso en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera.
En base al cumplimiento de los objetivos enunciados en el párrafo anterior, se logrará evitar un sistema competencial que difumine la responsabilidad entre diferentes Administraciones y que provoca en los ciudadanos situaciones de desconcierto al no saber con certeza qué Administración es responsable de los servicios públicos que se le ofrecen.
Por otro lado, en un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre el proceso de consolidación fiscal tiene una prioridad máxima, la Administración local, como no puede ser de otra forma, debe contribuir al igual que el resto de Administraciones a este objetivo racionalizando su estructura, en ocasiones sobredimensionada, y garantizar su sostenibilidad financiera adecuándose así a los principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, dictada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, como ya se ha indicado.
Esta reforma se asienta sobre los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.14ª de la "Hacienda General y deuda del Estado", en el artículo 149.1.18ª de las "Bases del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas" y en el artículo 149.1.13ª de las "Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica", haciendo especial hincapié en la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el artículo 142 de la Constitución Española, en su relación con el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocida en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución.
A través del respaldo constitucional anteriormente expresado, con esta reforma, la Administración local muestra su compromiso y apoyo de una manera definitiva a esta norma básica, que vincula de una manera estrecha la coordinación de la Administración local con el resto de Administraciones.
En relación al texto recogido en la exposición de motivos, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Águilas propondrá someter a votación la siguiente propuesta para ser aprobada:
Dar apoyo a una reforma, que garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos obligatorios de los ciudadanos; principio básico de la Autonomía Local y del compromiso con la Carta Europea de Autonomía Local.
Dar apoyo a esta reforma, ya que supone una adaptación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que confirma el compromiso ya adoptado en el año 2011 en relación a la reforma el artículo 135 de la Constitución Española, que conllevó el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dar apoyo a esta reforma, porque consagra el principio de "una Administración, una competencia", evitando duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras Administraciones, racionaliza la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y garantiza un adecuado control financiero y presupuestario en materia local, reafirmando el compromiso de la Administración local con el resto de Administraciones.
Conceder el apoyo a esta reforma, ya que gracias al desarrollo de sus preceptos y a la adaptación de la Administración local a su contenido se garantizará unos servicios más transparentes, con una medición y evaluación de los mismos, al mismo tiempo que se presta de una manera más eficiente desde la Administración territorial con mejor cobertura y mayores recursos.
Solicitar a la FEMP el análisis y el apoyo a esta propuesta de modernización y adaptación de la planta municipal española.
Reafirmar su apoyo al Gobierno de España, en este caso, en el desarrollo de la reforma local que plantea, como complemento a otras medidas ya realizadas como el Plan de pago a proveedores desarrollado mediante Real Decreto-ley 4/2012; la ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos que resultaron a cargo de entidades locales en las liquidaciones de la participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009; o el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la reducción del déficit público. Además, de otras como las que acaba de adoptar en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que vuelve a incluir una dotación adicional de más de 2.600 millones de euros para pagar a proveedores. Todas ellas, sin lugar a dudas, muy positivas para el Municipalismo.
Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado, Asamblea Regional y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
